Es grave ignorar o tergiversar la evidencia cuando de tomar decisiones se trata, más aún si ésta afecta a la población o le reduce la posibilidad de un mejor entorno saludable. ¿Quiénes se opusieron?
El argumento de que esto afectaría a los más pobres es absolutamente miope. El estudio señala que «Las compras de bebidas sujetas a impuestos disminuyeron 5.5 por ciento en 2014 y 9.7 por ciento en 2015, produciendo una reducción promedio de 7.6 por ciento durante el período de estudio. Los hogares en el nivel socioeconómico más bajo tuvieron las mayores disminuciones en las compras de bebidas gravadas en ambos años. Las compras de bebidas no sujetas a impuestos aumentaron un 2,1 por ciento en el período de estudio». Es decir, el consumo de bebidas potencialmente dañinas se redujo de forma sustancial en las personas de menos recursos, llevándolas a consumir opciones más saludables y/o liberando recursos para otras opciones también mejores que las bebidas azucaradas. Adicionalmente, al estar menos expuestas a estos agentes nocivos, es de esperar que su salud (la de los menos favorecidos) mejore.
Al final, la sociedad lo paga en pérdida de bienestar individual y colectivo y la necesidad de más recursos (con menos costo-efectividad) para el sistema de salud.